Son innumerables las reformas las que, a través de varias décadas, se han venido anunciando o implementando y todo sigue igual con relación a la administración de justicia en el Perú. Y, en estos últimos días, han aparecido opiniones de quienes se dicen especialistas o analistas que “conocen” la realidad de nuestro país en esta materia recomendando, nuevamente, otra reforma. Es decir, “hay que reformar las reformas” que nunca funcionaron o no sirvieron o, lo que es lo mismo, se sigue ensayando recomendaciones o soluciones “cosméticas” que únicamente esconden el problema de origen que caracteriza al funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Seguimos sin darnos cuenta, o no queremos reconocer que el mal desempeño de las instituciones del Estado, todas ellas (sin excepción) no es consecuencia de su estructura u organización, sino de la calidad, condiciones e idoneidad de las personas que las integran o dirigen. En consecuencia, no se puede seguir perdiendo tanto tiempo en buscar alternativas que terminan por cambiar de denominación a los organismos constitucionales, como sucedió con el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, ahora conocido como la Junta Nacional de Justicia y, lo que es peor, politizando la designación de sus miembros, bajo el engañoso pretexto de la manoseada calificación de ser “meritocrático” el proceso de selección.
La calidad del resultado del funcionamiento de los organismos estatales no va a mejorar si se les cambia de denominación, ni menos si su conformación está supedita a la decisión del poder político. En ese sentido, cuanto más interviene la acción política en el nombramiento de los que tienen a su cargo la administración de justicia, más se contamina su accionar, dando lugar a que se promueva la escasa o nula independencia o autonomía de los magistrados, a quienes, por el contrario, se les debe de dotar de las garantías que los haga sentirse libres de cualquier “atadura” externa cuando tengan que tomar una decisión, en el ejercicio de sus atribuciones.
Razón por la cual, como lo venimos exigiendo desde hace mucho tiempo, esto es, cuando se creó la hoy Junta Nacional de Justicia, si algo hay que cambiar, y no reformar, es despolitizar el origen de la selección de los junteros, integrantes de este importante organismo constitucional, en su calidad de “jueces de jueces”. Pues, la llamada “Comisión Especial”, a la que se le atribuye la facultad de ser la que selecciona a los junteros, tiene una conformación preferentemente política; pues, el nombramiento de la mayoría de sus miembros corresponde a la decisión del Congreso, como es el caso del Defensor del Pueblo (quien es el que la preside) y, para colmo de males, la integran también las autoridades que están sujetas al control y fiscalización de ellas, como son el presidente de la Corte Suprema y el Fiscal de la Nación (es decir, estos últimos seleccionan a quiénes los van a controlar). Así esta la situación; la cual evidentemente, tiene que cambiar, y a la brevedad.
El órgano del Estado que tiene a su cargo la selección y destitución de los magistrados en todos sus niveles, así como la del jefe de la ONPE y del RENIEC, debe responder a la decisión del pueblo, en este caso, indirectamente, a través de las instituciones que, de alguna manera, tienen que ver con la administración de justicia, como fuera el sistema de selección que tenía el fenecido Consejo Nacional de la Magistratura y donde, además de la Sala Plena de la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos, así como los rectores de las universidades nacionales y las privadas eran quienes elegían a sus representantes y, además, los Colegios de Abogados a nivel nacional y los otros Colegios Profesionales, en elecciones directas de sus miembros, igualmente, elegían a quienes los iban a representar. Por lo tanto, ya no es necesario hacer más experimentos, ni tampoco “inventar la pólvora”; la experiencia ya la tenemos y, si algo se puede mejorar, a manera de recomendación, para evitar lo que sucedió con el último pleno del CNM, solo sería buscar que se transparente y se ponga en conocimiento del público en general los antecedentes personales de los candidatos, a fin de que no tener sorpresas ingratas, sobre las cuales ya no podríamos enmendar.
